Generales implicados en el faenón argumentaron en su defensa que Mindef los autorizó. Auditoría de la Contraloría General de la Republica estableció que altos mandos del ejercito negociaron inmuebles a empresa privada a cambio de la construcción de viviendas y un centro de recreación en la playa La Tiza. La Procuraduría de la Contraloría General de la República denunció al ex comandante general del Ejército Luis Ramos Hume, al actual inspector general de la misma institución, Próspero Díaz Arrué; y a otros tres oficiales y un abogado del Ministerio de Defensa por haber participado en una transferencia ilegal a terceros de inmuebles del ejercito. Una auditoría del organismo contralor atribuye a las 6 personas haber entregado dos inmuebles del Ejército en el distrito de Pueblo Libre al Organismo Especial del Fondo de Vivienda del Ejército (ORES-FOVIME). A cambio, esta institución ejecutó varios proyectos en terrenos de la entidad castrense por un total de 19.8 millones de soles, entre otros, la construcción del Club Recreacional La Tiza, ubicado en San Bartolo. Según la Contraloría, los denunciados transgredieron las normas y dispusieron bienes del ejercito a favor de los socios de la entidad privada ORES-FOVIME, en desmedro del personal del Ejército. La auditoría determinó que el 19 de octubre del 2016, durante la gestión del general de división Luis Ramos Hume, el instituto castrense y el ORES-FOVIME firmaron un contrato de compraventa para la transferencia de propiedad de dos inmuebles en Pueblo Libre. En contraprestación, la ORES-FOVIME debía ejecutar, entre otros, los siguientes proyectos: -Construcción del Club Recreacional La Tiza, que consiste en 3 edificios y un comedor sobre predios de propiedad del Ejército por un valor de 11.5 millones de soles. -Construcción de 2 edificios de 20 departamentos cada uno en la Villa Militar Matellini para el personal castrense, por 8.1 millones de soles. Sin embargo, la figura de la contraprestación, según la auditoría de la Contraloría, no está amparado por las leyes. “Dicha situación (la contraprestación) permitió que el Ejército financie la construcción de edificaciones, vulnerando normas que regulan la ejecución presupuestal de los fondos públicos en el centro de esparcimiento denominado Club Recreacional Playa La Tiza, facilitada física y financieramente a una asociación privada desde 2006, para uso y beneficio únicamente de oficiales y sus familiares inscritos en el Padrón de Socios, sin atender a los fines institucionales de la entidad (el Ejército)”, concluye la auditoría de la Contraloría. Según el informe, la iniciativa del virtual canje de inmuebles del Ejército, por la construcción de edificios en terrenos de propiedad de la misma institución, fue una iniciativa del exjefe del Comando de Personal del Ejército (COPERE) general Próspero Díaz Arrué, y del director ejecutivo del ORES-FOVIME, coronel Orlando Gallegos Gonzáles. Díaz también era parte del directorio de esta entidad. Entre los participantes en los hechos son mencionados el jefe del Departamento de Asesoría Legal del Comando Logístico del Ejército (COLOGE), coronel SJE (Servicio Jurídico del Ejército) Rosendo Biamón Mendoza; el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército, coronel SJE Sigifredo Adrianzén Adrianzén; el asesor legal del COPERE, comandante SJE (r) Ysaías Tamayo Aucahuasi; y el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, el abogado Juan Zegarra...