FAP: LA VIEJA PRACTICA DE DAR DE BAJA CADA AÑO A CADETES VIOLA DERECHOS FUNDAMENTALES STC N° 535-2009-PA/TC:

Esta sentencia ES Vinculante y todos los CADETES pueden pedir su aplicación a su persona y puedan ser reincorporados, de lo contrario deben ir a la vía contenciosa administrativa.

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Una falsa doctrina o una vieja práctica que se viene llevando en las escuelas de formación, de las FF.AA Y PNP, que consiste en que para que se diga que hay una buena gestión en el Año se le deben dar de baja en el último año de estudios a un grupo de estudiantes, ESO  configura una violación a los derechos fundamentales .

Esta nefasta vieja práctica que se aplica sin criterio alguno, sin considerar el esfuerzo de de las familias, afectando el proyecto de vida y psicológica en las familias, un daño moral irreparable en el estudiante, frustrando su plan de vida y destruye los anhelos de los jóvenes.

Por ello el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a la proporcionalidad entre el acto generador del conflicto y la sanción en su STC 00535-2009-PA/TC. Caso Rodolfo Oroya Gallo,  respecto a un analisis de la razonabilidad de la medida empleada, determinando si es proporcional o no, generando una jurisprudencia de carácter vinculante.

El caso Rodolfo Oroya Gallo, en el año 2009, un estudiante del último año de la USIL, que fue encontrado consumiendo Marihuna en uno de los ambientes de la universidad, y fue separado de la institución en aplicación a una norma interna,

: EL Dr. EDWIN FIGUEROA GUTARRA, En su artículo Pensamientos de Derecho Constitucional hace un análisis del presente caso ¿defendía el Tribunal a quienes poseían marihuana? ¿Era viable dejar sin efecto una sanción de expulsión, dado el contexto de una falta muy grave? No lo creemos así pues la decisión del Tribunal aludió a un contexto de adecuada proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción impuesta, de suyo la más grave en el ámbito universitario. El Tribunal recurre al análisis de razonabilidad como estándar de solución del conflicto y se expresa al respecto en el siguiente sentido: 18. (…) el análisis de la razonabilidad de una medida implica determinar si se ha dado: a. La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto. b. La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso. c. Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso. (…) 20. Cabe destacar que el examen toxicológico tomado por el demandante el 18 de julio de 2007 y presentado ante la Comisión Disciplinaria tuvo resultado negativo (fojas 10), por lo que al momento de los hechos se puede concluir que el consumo de dicha droga fue circunstancial y que éste no presentaba síntomas de adicción o uso continuo de la misma. 21. Si bien el consumo de drogas es una situación que no es promovida por el Estado, cabe destacar que la Comisión Disciplinaria decidió no considerar la situación particular del demandante y tampoco tomó en cuenta el examen toxicológico. Por otro lado, no consideró que el alumno se encontraba en el último semestre de la carrera y que una de las funciones de la universidad, sino la más decisiva, es la de formar a las personas. (…) 23. Al analizar todos los elementos de juicio del caso, resulta cuestionable para este Tribunal que en el proceso disciplinario que culminó con la separación definitiva del demandante, la Comisión Disciplinaria y el Tribunal de Honor hayan omitido la valoración de toda prueba o elemento contextual que atenúe la responsabilidad asumida por él, cuando ésta representa la única garantía de justicia y proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción a imponerse. 24. Por este motivo, este Tribunal Constitucional considera que la relación entre los hechos y la sanción impuesta por la Universidad San Ignacio de Loyola, en el presente caso, resulta desproporcionada y sin una base objetiva que la sustente, violando el principio de razonabilidad con el que se debe actuar en uso de sus facultades discrecionales. 25. En consecuencia, la decisión de la Comisión Disciplinaria y del Tribunal de Honor es violatoria al principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, y causan, en el presente caso, la violación de otro derecho constitucionalmente reconocido, como es el de educación, reconocido en el artículo 13º de la Constitución. 26. Esta violación se constituye puesto que la separación definitiva del alumno por el consumo de un cigarrillo de marihuana cometido en un contexto particular y único de su vida, faltando apenas once semanas para culminar la carrera. FINALMENTE declaró FUNDADA la demanda.

Autor: sandro

Abogador Constitucionalista y Arbitro de OSCE

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